15 minutos. La Policía española detuvo en Madrid a 52 personas, la mayoría de nacionalidad hondureña, que se dedicaban a la falsificación de documentos para migrantes en situación irregular en España. Les cobraban entre 200 y 7.500 euros, y eran captados en una ONG y en una iglesia evangelista de Madrid.
Los arrestados tienen entre 26 y 55 años, solo 2 de ellos tienen antecedentes. Aunque la mayoría son hondureños, entre los detenidos hay españoles, nicaragüenses y venezolanos, informaron este martes fuentes policiales.
A los principales líderes del grupo se le imputan los delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, denuncia falsa, delitos contra los derechos de los extranjeros, intrusismo profesional, amenazas, coacciones y pertenencia a organización criminal.
La investigación continúa abierta. Parte de la organización criminal se encuentra establecida en Honduras, país al que se enviaba el dinero obtenido, según dijo la Policía española en un comunicado.
Las pesquisas comenzaron en enero de 2019 cuando los investigadores detectaron que 2 mujeres presuntamente se dedicaban a presentar solicitudes de autorizaciones de residencia con documentos falsificados. Entonces, realizaron un filtrado de todas las solicitudes en las que pudieron constatar la actividad delictiva.
Protocolo de seguridad
La red estableció un estricto protocolo de seguridad a la hora de presentar las solicitudes. Cambiaba continuamente de teléfono y de correo electrónico. Incluso, la Policía llegó a registrar al menos 24 números de teléfonos distintos en más de 300 solicitudes de residencia.
En ese proceso, estaban presuntamente implicadas las mismas 2 mujeres que presentaban las solicitudes y un tramitador de expedientes.
La banda captaba a ciudadanos extranjeros, que pretendían regularizar su situación en España, en un lugar de culto. Posteriormente, les exigían entre 200 y 7.500 euros, en función de la cantidad de documentos que necesitaran falsificar.
Los agentes detectaron e identificaron al líder de la estructura criminal. Este, además, se encargaba de ofrecer contratos de trabajos ficticios a los migrantes en España.
Otro de los responsables de la red gestionaba los empadronamientos ilegales de los ciudadanos engañados. Este es un requisito indispensable para regularizar la situación legal.
En algunas ocasiones, incluso amenazaban telefónicamente con números ocultos o desde Honduras a los ciudadanos extranjeros o a sus familiares. Esto, en el caso de que contaran el procedimiento ilícito por el que pretendían regularizar su situación en España.
