15 minutos. La junta militar de Birmania defendió su decisión de retomar las ejecuciones de condenados a pena de muerte tras rechazar las críticas de Naciones Unidas, varios países occidentales y cientos de ONG.
El Ministerio birmano de Exteriores, bajo el control de los uniformados desde el golpe de Estado de febrero de 2021, subrayó en un comunicado este martes la “independencia y soberanía” que tiene el Gobierno para administrar justicia conforme a la Constitución.
El régimen castrense aprobó recientemente las ejecuciones de 4 disidentes. Sería la primera aplicación de la pena de muerte en las últimas 3 décadas en Birmania. Todavía no se concreta una fecha para los ajusticiamientos.
Confidente de los militares
Entre los condenados a muerte están el antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeya Thaw y el activista Ko Jimmy. Ambos fueron condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la junta.
Otros 2 reos que se enfrentan a la pena capital son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares.
El anuncio de las futuras ejecuciones llevó a varios países como Francia, Estados Unidos (EEUU) y Canadá, además de las Naciones Unidas, a condenar la violenta respuesta de los uniformados contra la resistencia.
Rechazo internacional
“Canadá está muy preocupada por las continuas violaciones de los derechos humanos y las leyes humanitarias en Birmania, incluido el derecho a un juicio justo e independiente. Urgimos a los militares birmanos a no llevar a cabo las ejecuciones”, apuntó este martes la Embajada de Canadá en Rangún.
Cientos de ONG locales e internacionales, como ALTSEAN-Burma, Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch y Parlamentarios de la Asean por los Derechos Humanos (APHR), también censuraron la decisión de la junta golpista.
“Este anuncio debe verse en el contexto de las atrocidades cada vez más descaradas que comete el ejército birmano para consolidar su poder frente a la resistencia popular. La junta mata, tortura y arresta arbitrariamente a los ciudadanos con una impunidad que se debe en gran medida a que la comunidad internacional no ha hecho que rinda cuentas por sus crímenes”, señaló en un comunicado APHR.
Sentencias de muerte
La aprobación de los ajusticiamientos por las autoridades es un paso previo a las ejecuciones, muy raras en Birmania. La última tuvo lugar en 1988, según AI.
Desde la asonada militar del 1 de febrero de 2021, 113 personas recibieron sentencias de muerte en Birmania. El país no revocó la pena de muerte, pero los condenados veían sus condenas cambiadas por penas de prisión tras los tradicionales indultos que las autoridades otorgan en fechas señaladas.
El golpe de Estado sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica. Además, abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que exacerbaron la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 1.905 personas murieron a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados. Llegaron a disparar a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados. Esto, según los datos recabados por la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
