15 minutos. El abogado opositor venezolano Rolando Figueroa, militante del partido Voluntad Popular, y cuya extradición fue solicitada por el régimen de Nicolás Maduro, fue detenido por las autoridades de España y recluido este miércoles en la prisión de Teixeiro, en Coruña.
La solicitud de extradición, que se realizó en 2018, es por el presunto delito de estafa agravada en la compraventa de medicamentos.
Según publica el diario español La Razón, el despacho Oliver Abogados, que representa al venezolano, afirma que la acusación de delito común es para camuflar la persecución política. Explicaron que es la única manera de llevar de regreso al país a los opositores que han logrado exilarse.
Presunta estafa
El caso se relaciona con la presunta estafa de 100.000 euros a una mujer que habría pagado por un tratamiento médico que nunca recibió. La empresa con la que lo habría contratado pertenecía a Figueroa y otro socio, que está en Venezuela. Sin embargo, el opositor asegura que ya había salido de la sociedad en las fechas en las que se habrían producido los hechos denunciados.
Figueroa apunta a una clara significación política del caso, dado que la mujer es Mayerling Rojas, vinculada al aparato oficialista y a quien ya conocía de su breve paso por el Ministerio de Interior y Justicia. Allí coincidieron, ella como directora general de Derechos Humanos y él como asesor jurídico. De acuerdo con el relato del opositor, lo cesaron por discrepancias ideológicas con Rojas y ella le espetó: “Te vas a acordar”.
Ahora, como señala La Razón, el hecho de que el opositor venezolano haya sido detenido en España, “apunta a que el Gobierno de Pedro Sánchez cumplirá con el polémico requerimiento de Nicolás Maduro“.
Información de la agencia de noticias DPA, destaca que Figueroa, se entregó el miércoles en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Coruña, volvió a solicitar asilo, por lo que sus representantes legales confían en que la entrega a la Justicia venezolana se suspenda hasta que se resuelva dicha petición.
El venezolano se puso a la orden de las autoridades por consejo de sus abogados después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictara un auto con fecha 7 de junio ordenando su búsqueda, detención, ingreso en prisión y puesta a disposición de la Policía Internacional (Interpol) para que esta a su vez se ocupe de remitirlo a las autoridades venezolanas.
Confianza en la justicia
El diario español agrega que el abogado, de 42 años, llegó a España huyendo de la persecución y la crisis humanitaria en su país. Así, desde 2017, vivía en Coruña con su esposa, y sus dos hijos, los tres de nacionalidad española.
La esposa de Figueroa, Mary Fe, en declaraciones al mismo medio, dijo que llegó “el día más temido”. “Por mucho que nos habíamos mentalizado sobre que esto podía suceder, al final, es demasiado duro. Pero le prometí a Rolando que me mantendría fuerte y eso voy a intentar”. La pareja se conoció en Venezuela y se casaron en 2008, pero decidieron migrar a Galicia buscando un mejor futuro a sus hijos.
La señora Figueroa confía en la Justicia española. Así lo manifestó él mismo en 2020 en declaraciones a La Razón.
Asimismo, según compartió con la agencia DPA, Mary Fe espera que el hecho de que ella es española y Figueroa es “padre de dos españoles” pese en la decisión. Asegura que los cargos contra su marido, con el que lleva 13 años casada, son “infundados”. “Es una persecución política disfrazada con un hecho común”, denunció.
Por otra parte, indicó que están en contacto con Voluntad Popular y dijo que su líder, Leopoldo López, “está casi en la misma situación”, ya que Venezuela solicitó su extradición al Gobierno español y podría seguir el “mismo camino” que su marido.
Solicitud de asilo
En su momento, Figueroa solicitó la nacionalidad española y el asilo. Sin embargo, le negaron ambas peticiones. Por esta razón la Audiencia Nacional en noviembre de 2019 autorizó su extradición a Venezuela. Según la defensa, las autoridades consideraron que por ser un opositor de base, no tenía relevancia para ser perseguido por político.
El Gobierno ratificó la decisión judicial en un acuerdo del Consejo de Ministro alcanzado el 21 de julio de 2020. No obstante, su vuelta a Venezuela quedó suspendida en el contexto de la pandemia. Finalmente, las autoridades venezolanas contestaron el pasado 3 de junio, reactivando con ello la extradición.
La nueva petición de asilo, que busca demostrar que el opositor venezolano detenido en España es víctima de “persecución política”, daría lugar a la suspensión del proceso hasta que se resuelva.
Riesgo para su vida
En 2020 el Consejo de Ministros de España ratificó la aprobación de extradición de Figueroa. Entonces, el representante diplomático de Juan Guaidó en España, Antonio Ecarri, manifestó su preocupación. Consideró que dicha decisión ponía en riesgo la vida del ciudadano. “Nosotros respetamos escrupulosamente el Estado de Derecho y la autonomía de las decisiones del Poder Judicial español, pero nos llama poderosamente la atención que el Gobierno de España, a través de su Consejo de Ministros, ratifique la solicitud de extradición de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como el de Venezuela, cuyas decisiones son consideradas contrarias a Derecho, porque la designación de sus Magistrados fue ilegal, tal como lo consideró la Asamblea Nacional de Venezuela, única institución legalmente reconocida por España y más de 60 países”, dijo entonces el embajador.
En esa ocasión Ecarri también dijo que en Venezuela hay ejecuciones extrajudiciales. Puso como ejemplo el caso del concejal Fernando Albán y del capitán de corbeta Acosta Arévalo. “Esto es un tema de derechos humanos y lo que queremos es que no se siente un precedente para los procedimientos abiertos en Venezuela contra venezolanos que se encuentran en el exterior, perseguidos por un Estado violador de DDHH”.
