15 minutos. La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar a más de 60 ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre ellos el exdictador Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), por presunta rebelión, sedición y conspiración a raíz de cuestionar la legitimidad del recuento de las recientes elecciones presidenciales.
La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Lima ordenó la apertura de diligencias preliminares tras una carta firmada de manera conjunta. En la misiva, dieron credibilidad a las denuncias de fraude presentadas, sin pruebas consistentes, por la candidata derechista Keiko Fujimori.
En ese sentido, los exmilitares dudaban de la legitimidad que pudiera tener el candidato Pedro Castillo si finalmente obtuviera la presidencia.
Ningún organismo observador internacional ni las autoridades electorales peruanas encontró indicios de la existencia de un “fraude” en los comicios del pasado 6 de junio.
Entre las pesquisas por el cargo de sedición en Perú, ordenaron un interrogatorio a Morales Bermúdez, de 99 años y condenado a cadena perpetua en Italia por el Plan Cóndor. Además, figuran otros ex altos mandos militares como el vicealmirante Julio Concha y el teniente general José Nadal, firmantes de la carta de fecha 14 de junio.
Los 3 militares se ratificaron en su posición en una nueva carta fechada el 25 de junio. Allí expresaron su disconformidad con que el Gobierno les exhorte a no utilizar los emblemas de las Fuerzas Armadas para no generar confusión.
Congresistas entre firmantes
La primera misiva también estaba suscrita por otros conocidos militares en retiro. Tal es el caso del ex primer ministro Walter Martos y los almirantes Jorge Montoya y José Cuento. Ambos son congresistas electos por el ultraconservador partido Renovación Popular.
La apertura de la investigación por sedición y otros delitos en Perú la confirmó el exministro y congresista del Partido Aprista Jorge Del Castillo. Anunció en redes sociales que ejercerá de abogado de Morales Bermúdez en esta investigación.
“Ante este abuso de poder, un grupo de abogados asumiremos la defensa ad honorem“, anunció Del Castillo, que es parte de la coalición de derechas que apoya a Fujimori en solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría internacional del recuento de votos.
También participarán en esa defensa el exjuez Javier Villa Stein y los abogados Aurelio Pastor, Humberto Abanto, Erasmo Reyna y Luis Lamas Puccio, entre otros.
La investigación de la Fiscalía no abarca de momento otra carta con fecha de 17 de junio. Esta la firmaron más de un millar de militares en retiro solicitando a las Fuerzas Armadas no reconocer al izquierdista Castillo como presidente electo, lo que en la práctica sería un golpe de Estado.
Esa comunicación también fue trasladada por el presidente interino Francisco Sagasti a la Fiscalía para que la evaluase y abriese la pertinente investigación si así lo considerase.
Fraude inexistente
Las elecciones presidenciales se celebraron el domingo 6 de junio entre el izquierdista Castillo y la derechista Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
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Con el escrutinio completo, Castillo es el virtual presidente electo. Obtuvo el 50,12 % de los votos válidos, con un estrecho margen de unos 44.000 votos por encima de Fujimori.
Sin embargo, al día siguiente de la votación, cuando veía que su derrota era casi irreversible, Fujimori denunció sin pruebas un supuesto “fraude” electoral. También solicitó anular unos 200.000 votos de zonas rurales, andinas y pobres donde Castillo tuvo un apoyo abrumador.
La batería de recursos de Fujimori ha sido rechazada por los jurados electorales por falta de evidencias o por no haber sido presentados a tiempo. Sin embargo, aún está pendiente que sean revisados en segunda y última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que retrasa la proclamación oficial de Castillo como presidente electo.
La posibilidad de un fraude la descartó ampliamente la comunidad internacional. Hubo pronunciamientos de la OEA, la Unión Europea (UE), el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) y Canadá. Asimismo, de otros organismos nacionales que supervisaron, como la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo.
