15 minutos. La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este martes en un informe la “brutal estrategia de represión” desplegada por el régimen de Cuba tras las protestas del 11 de julio, que resultó en al menos 130 casos de detenciones arbitrarias, maltratos y juicios falsos contra cubanos.
Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW, subrayó que esa estrategia tiene como objetivo “infundir miedo” y lamentó que los cubanos hayan sido “sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa”.
La organización humanitaria con sede en Nueva York hizo el informe basándose en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas, familiares, activistas y periodistas entre julio y octubre. Así lo indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un comunicado.
Vivanco presentará este martes los resultados de la investigación en la universidad Miami Dade College. Se cumplen 100 días del estallido de las protestas en Cuba.
Palizas oficiales
Los 130 casos de violaciones de derechos humanos se relacionan con detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos. Todos, a cargo de la seguridad del Estado, las fuerzas militares, la Policía nacional y las “boinas negras”.
Las “brigadas de respuesta rápida”, que son grupos de civiles organizados por el Gobierno, “estuvieron implicados en varias golpizas”.
Además, los “jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del Gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos”.
El 11 de julio, miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas antigubernamentales en 6 décadas en Cuba. Se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel.
HRW denunció que en la mayoría de los casos, los cubanos estuvieron incomunicados. Además, los arrestaron con violencia y en algunos casos los maltrataron y los obligaron a hacer “sentadillas desnudos”. También los privaron del sueño, los encerraron en celdas sin luz natural y los amenazaron con represalias contra familiares.
“Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo”, consignó el informe.
De igual forma, detalló que a muchos manifestantes pacíficos los condenaron en procesos penales “sumarios”. En esos actos, no se respetaron garantías básicas del debido proceso.
“Fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada. Los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como ‘desorden público’, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad”, precisó el documento.
El caso Ferrer
La organización, que detalla el caso de cada una de las víctimas, mencionó a José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Ferrer fue detenido junto con su hijo el 11 de julio.
El líder opositor, acusado de “desorden público”, “se encuentra en prisión preventiva y se le negó la posibilidad de hacer llamadas telefónicas desde su detención”.
En agosto, la familia de Ferrer recibió un documento de un tribunal donde se indica que él cumpliría “una pena de 4 años y 14 días de cárcel por un incidente anterior no relacionado con su actual detención”.
Según HRW, el 19 de agosto las autoridades cubanas informaron que 67 personas fueron condenadas en relación con las protestas, en su mayoría a 10 meses y un año de cárcel. Sin embargo, enviaron a algunos a reclusión domiciliaria tras apelación o los liberaron después de pagar una multa.
La organización de derechos humanos dijo que “varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención”.
“Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus”, indicó el informe.
