15 minutos. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay rechazaron la decisión del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de expulsar al personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos (ACNUDH) por “agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”.
“Rechazamos las recientes medidas contra la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela”, reza un comunicado conjunto publicado este jueves. “Reclamamos por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.
Además, estos mismos países latinoamericanos manifestaron su “profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel”. Hicieron un “enérgico” llamamiento a las autoridades venezolanas a “liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados”.
EEUU y Guaidó
Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre se limitó a señalar en rueda de prensa que esta medida anunciada por parte de Caracas “obviamente” es “algo” que les “preocupa” y que van “a seguir monitorizando”.
De su lado, el opositor Juan Guaidó dijo que “la dictadura (llamarlos Gobierno revictimiza a millones) los expulsa luego de violar derechos humanos, ser señalados por crímenes de lesa humanidad y continuar su esquema represivo”.
“Nada nuevo. Lo novedoso sería una respuesta proporcional del sistema, empezando por (el secretario general de Naciones Unidas) Antonio Guterres“, afirmó Guaidó a través de su perfil en la red social X.
Campaña de detenciones
El régimen de Maduro dio un plazo de 72 horas al personal de la ONU para abandonar Venezuela. Asimismo, anunció una “revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días“.
En concreto, determinó que esta medida se mantendrá vigente hasta que la oficina rectifique “públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora” de la Carta de Naciones Unidas.
Esto se produce en el marco de una campaña de detenciones después de que Maduro afirmase en enero que en 2022 las autoridades desmantelaron 4 intentos de magnicidio en su contra planificados desde Estados Unidos (EEUU) y Colombia.
Coincide, además, con la detención de la activista venezolana de derechos humanos Rocío San Miguel. El régimen de Maduro la acusa de presuntos delitos de traición, conspiración y terrorismo. La detenida, directora de la ONG Control Ciudadano, tiene nacionalidad española.
San Miguel fue detenida junto a otras 5 personas, 4 de ellos de su familia, por supuestamente estar involucrados en un plan, denominado “Brazalete Blanco”, para atentar contra Maduro.
