15 minutos. La Cancillería de Argentina afirmó este miércoles que “no ha cambiado su posición respecto a Venezuela”. La aclaratoria llegó después de que las palabras de su representante en la Organización de Estados Americanos (OEA) sembraran dudas en otras delegaciones de países miembros.
“La posición argentina con respecto a la situación en Venezuela es seguir apoyando la necesidad de que se restablezcan plenamente las instituciones democráticas“. Así lo indicó el responsable de Relaciones Exteriores de la Cancillería argentina, Pablo Tettamanti, en un comunicado.
En dicho escrito, la Cancillería expresó que “el Gobierno de Venezuela tiene responsabilidad en el pleno respeto a los derechos humanos e incluso en hacer todo lo que está a su alcance para hacer que no sean violados ni por la acción propia ni por la acción de otros”.
“Hemos manifestado -al igual que el Grupo de Contacto del que formamos parte hace pocos días- nuestra gran preocupación por las graves violaciones de los DDHH que se reportan tanto en el informe de la Alta Comisionada como en el de los expertos independientes”. De esta forma lo recaló Tettamanti, miembro de la Cancillería que dirige Felipe Solá.
Asimismo, aseveró que trabajan para “fomentar en Venezuela elecciones libres, justas y creíbles”.
En alerta
Dentro de Argentina, Juntos por el Cambio, el mayor bloque opositor al Gobierno de Alberto Fernández, aseveró que las palabras del representante argentino en la OEA, Carlos Raimundi, ponía “en alerta” a la oposición. Fernández dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Por ello, pidió que la delegación argentina vote a favor de prorrogar la Misión Internacional Independiente que se desempeña en Venezuela. Así, esclarecer la situación de ese país, en crisis humanitaria e institucional.
En el caso de que Argentina se abstenga o rechace la votación, según los opositores a Fernández, sería “un retroceso inaudito”. Tanto en la tradición democrática argentina “y en la defensa de los derechos humanos”.
La Misión Internacional para analizar posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela denunció la semana pasada ante Naciones Unidas crímenes contra la humanidad cometidos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Este, a su vez, acusó a los investigadores de obedecer los dictados de Estados Unidos (EEUU) y el Grupo de Lima.
La portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la citada misión, de la que también forman parte el experto chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils, presentó ante la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe. Allí denuncia ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos.
Detractores
La llamada Revolución Bolivariana desestimó este informe. Dijo que se trata de un trabajo de expertos contratados por la ONU que no visitaron Venezuela. Tampoco tuvieron en cuenta la información al respecto que manejan las instituciones del país.
En otro informe, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó preocupación ante las elecciones legislativas que Venezuela celebrará el 6 de diciembre. Denunció obstrucciones a los partidos opositores en los preparativos para esos comicios.
Los comentarios de Raimundi, “más allá de la precisión o no del lenguaje, en modo alguno pueden o deben ser interpretado como un rechazo al informe” de la Misión Internacional.
Tettamanti recalcó que nunca, “en momento alguno”, Raimundi utilizó la palabra “rechazo” con respecto al informe.
“La Argentina está trabajando activamente en el seguimiento de toda la agenda incluyendo las resoluciones que tienen que ver con estos informes, elevados uno por la Alta Comisionada y el otro por los expertos independientes”, añadió Tettamanti.
