15 minutos. El procurador general de Cabo Verde, Luis José Landim, confirmó que su país no tiene ninguna obligación de cumplir la orden de un tribunal africano de poner en arresto domiciliario al empresario colombiano, Álex Saab, presunto testaferro del mandatario chavista de Venezuela, Nicolás Maduro.
Landim se refirió a la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), a la que pertenece Cabo Verde.
El Tribunal de Justicia dictaminó el pasado 30 de noviembre que este país insular de África occidental debe poner de inmediato bajo arresto domiciliario a Saab. El empresario se encuentra detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio a petición de Estados Unidos (EEUU). Este país solicitó su extradición por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Saab -que lleva en prisión preventiva desde el 14 de junio- alega problemas de salud que requieren la atención de un médico fuera de la cárcel en la que está recluido. En este sentido, el Tribunal de la CEDEAO pidió que se le conceda la detención domiciliaria para tener acceso a su familia, doctores y abogados.
Sin embargo, Landim aseguró este viernes, tras reunirse con el presidente caboverdiano, Jorge Carlos Fonseca, que su país no ratificó el protocolo que otorga jurisdicción al tribunal en casos de derechos humanos, informaron medios locales.
“Cuando hablé de eso, dije que tenía algunas dudas, pero ahora estoy seguro. Cabo Verde no ha ratificado este protocolo que otorga jurisdicción al Tribunal de la CEDEAO en materia de derechos humanos“. Así lo dijo Landim a la prensa, luego de abordar ese asunto con Fonseca.
El tribunal, con sede en Abuya (Nigeria), tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales. En este caso, sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su Protocolo de 2005.
A la espera
Landim insistió en que “no hay base legal” para la aplicación del fallo del tribunal comunitario. “Si el tribunal no tiene jurisdicción, no puede decidir sobre este tema”, concluyó el procurador general.
El fiscal agregó que el caso de Saab seguirá sus trámites legales en Cabo Verde. El Ministerio Público está a la espera de la decisión de la Justicia sobre su extradición a EEUU.
La Corte de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, ya se negó este martes a acatar la orden del Tribunal de la CEDEAO con el mismo argumento esgrimido por el procurador general.
Los abogados de Saab instaron el pasado 9 de diciembre al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, a cumplir la orden del tribunal africano que le concede arresto domiciliario.
Los letrados amenazaron incluso con “pedir al órgano competente de la CEDEAO que imponga sanciones a Cabo Verde por no cumplir con sus obligaciones”.
Dos días después, el régimen de Venezuela, que sostiene que el empresario tiene la nacionalidad venezolana, expresó su “preocupación” por la demora de las autoridades de Cabo Verde.
El Tribunal de la CEDEAO también admitió la condición de Saab como “enviado especial” de Venezuela. Este argumento lo usa la defensa para alegar que su arresto es ilegal. Específicamente, porque “tenía derecho a la inviolabilidad personal” debido a ese estatus.
El empresario fue detenido cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal (norte). El hecho ocurrió tras una petición de EEUU, cursada a través de Interpol, por supuesto blanqueo de dinero.
El Gobierno y un tribunal caboverdianos aprobaron la extradición de Saab. Sin embargo, la defensa apeló contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia.
