15 minutos. La Policía brasileña detuvo este viernes al exdiputado Roberto Jefferson, un aliado del presidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación sobre grupos digitales que difunden noticias falsas que atentan contra la democracia.
La detención de Jefferson, en la política desde 1970, la autorizó el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, instructor de la investigación que transcurre en la máxima corte del país, tras un pedido de la Policía Federal (PF).
La investigación comenzó en 2019 limitada a la difusión de noticias falsas a través de Internet. Sin embargo, recientemente pasó a centrarse en la posible existencia de los que calificaron de grupos “digitales antidemocráticos”. En su mayoría, de la ultraderecha que lidera el gobernante.
Entre los investigados en dicho proceso se encuentra también el propio presidente Bolsonaro. En los últimos meses ha emprendido una dura y continua campaña de descrédito contra las urnas electrónicas que se usan en los comicios de Brasil desde 1996.
En su decisión, el magistrado del Supremo consideró que fue “inequívocamente demostrado en los autos los fuertes indicios de materialidad y autoría” de los delitos de calumnia, difamación, injuria y apología al crimen, entre otros, por parte de Jefferson.
Pasado turbio
Moraes recordó que el exdiputado, a través de esos grupos digitales, llegó a pedir el “cierre” del Tribunal Supremo. Asimismo, solicitó la suspensión de todos los magistrados de la corte para acabar con la independencia del Poder Judicial.
“La Constitución Federal no permite la propagación de las ideas contrarias al orden constitucional y al Estado de Derecho, ni tampoco la realización de manifestaciones en las redes sociales buscando la ruptura del Estado de Derecho (…)”, agregó Moraes.
Jefferson fue aliado del Gobierno de Fernando Collor de Mello, quien renunció a la presidencia en 1992 por corrupción. También estuvo en la base de apoyo al progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
En 2005 denunció un escándalo de sobornos parlamentarios, en el que él mismo participaba. El hecho tuvo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) al borde de un juicio político.
Por ese asunto lo condenaron a 7 años de prisión. Tras cumplir su pena, se vinculó al Gobierno de Michel Temer. En 2018, promovió a su hija Cristiane Brasil como ministra del Trabajo.
El nombramiento, aprobado por Temer, fue anulado por el Supremo. La hija del político respondía ante la Justicia por asuntos de corrupción y violaciones de las leyes laborales con empleados que trabajaban para ella.
