15 minutos. El fiscal general de Estados Unidos (EEUU) Merrick Garland salió al paso de las críticas en el primer aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero y dijo que las acciones legales que se han tomado hasta el momento “no serán las últimas”.
“El Departamento de Justicia está comprometido a hacer que todos los que participaron en el 6 de enero, a cualquier nivel, rindan cuentas ante la ley, ya sea porque estuvieron presentes ese día o bien porque sea responsable penalmente de asalto a nuestra democracia“, afirmó.
Asimismo, aseguró que “defenderemos nuestras instituciones democráticas y protegeremos a quienes sirven al pueblo frente a la violencia y las amenazas”.
“Protegeremos la piedra angular de nuestra democracia, el derecho de todo ciudadano a emitir su voto”. Así lo señaló Garland, a quien se le reprocha no estar haciendo lo suficiente para llevar a juicio a los verdaderos responsables del asalto al Capitolio.
Durante su discurso, rechazó los reproches que vienen desde las esferas más a la izquierda del Partido Demócrata, que demandan que los actores políticos, entre ellos el expresidente Donald Trump, rindan cuentas. También se defendó de aquellos republicanos que le acusan de haber politizado el Departamento de Justicia.
“En nuestras investigaciones no hay reglas diferentes según el partido político o la afiliación de uno. No puede haber reglas diferentes para amigos y enemigos. Y no puede haber reglas diferentes para los poderosos y los que no lo son“, precisó.
Amenazas
A pesar de las críticas, la investigación en curso del Departamento de Justicia es la más grande de su historia y una de las más complejas. Hay más de 700 acusados por diferentes delitos cometidos aquel día. Además, otras 350 personas se hallan en el punto de mira del FBI.
“Los involucrados deben rendir cuentas y no hay mayor prioridad para nosotros en el Departamento de Justicia”, insistió Garland. De igual manera, alertó que se corre el riesgo de que el reciente aumento de la violencia en EEUU pueda llegar a convertirse en algo “rutinario”.
Garland mencionó otras cuestiones, como el derecho al voto y las medidas legislativas que en algunos estados republicanos se han presentado para restringirlo. También habló de las amenazas recibidas por los funcionarios electorales como consecuencia de las denuncias de fraude en las pasadas presidenciales.
Esas teorías de la conspiración “han corroído la fe de la gente en la legitimidad” de las elecciones. Lamentó que sigan teniendo difusión a pesar de que “han sido refutadas repetidamente” por las diferentes autoridades policiales y de Inteligencia, tanto durante la Administración Trump como en la actual, así como por tribunales federales y estatales.
“El Departamento de Justicia continuará haciendo todo lo posible para proteger el derecho al voto (…). Pero al igual que con la violencia y las amenazas, el Departamento de Justicia, incluso el Congreso, no puede defenderlo solo (…). La responsabilidad de preservar la democracia (…) también recae en cada funcionario electo y en cada estadounidense”, concluyó.
